miércoles, 2 de julio de 2014

COMUNIDADES CONTRA LA MINERÍA

Comunidades contra minería: "de una vez nos maten y que reinen los mineros"
X Marielle Cauthin/Territorios en Resistencia
“Queremos cero minería en territorio originario, hay lagunas de agua, pero la cooperativa Cala Marka nos contamina y el gobierno no dice nada; de una vez que nos maten y que reinen los mineros. Esperaremos hasta este lunes, nos enfrentaremos a los cooperativistas (mineros) de Vitichi, Cotagaita, Puna, Caiza D y Chaquí”, dijo el concejal de Puna en Potosí, Oscar Hinojosa, según el reporte de Radio Aclo de Erbol de Bolivia.

Desde la promulgación de la Ley Minera, realizada por el gobierno de Evo Morales el mes de mayo, numerosas comunidades indígenas de Bolivia se han movilizado y pronunciado contra los efectos devastadores que implicará la otorgación de derechos irrestrictos sobre la tierra y toda fuente de agua, permitirá el desvío de recursos hídricos y la creación de cualquier infraestructura que facilite la explotación minera por las empresas privadas, llamadas de cooperativa.

La Ley Minera, además, criminaliza la protesta y a las comunidades que se opongan a la explotación de recursos mineros en sus propios territorios; ha eliminado la consulta indígena vinculante; y permite que sea el mismo Ministerio de Minería el que como parte interesada emita las autorizaciones ambientales, quitando esta potestad al Ministerio de Medio Ambiente. Las concesiones que otorga el Estado a las mineras de cooperativa pueden ser a perpetuidad y en asociación con empresas y capital transnacionales.

Sectores sociales e indígenas denunciaron que la Ley fue elaborada por los propios sindicatos mineros de cooperativa afiliados a la Fencomin (Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia) que tienen un pacto político con el gobierno de Evo Morales. La explotación minera de cooperativa ha llegado a ser incluso mucho más dañina que la explotación de las grandes empresas mineras: goza del Régimen de Tasa Cero en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para venta de minerales y metales, recibe beneficios en préstamos del Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim), así como la dotación de nuevas áreas para explotación, no cumplen ningún plan ambiental ni social, no se apegan a las leyes laborales y se somete a sus trabajadores a las peores condiciones de explotación laboral.

La “fiebre del oro” y el reino de los mineros

El Concejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), que representa a los y las indígenas de tierras altas de Bolivia y que se encuentra enfrentado al gobierno, se pronunció sobre la Ley Minera: “queremos informarle al señor Evo Morales que los pueblos indígenas hemos resistido más de 500 años el exterminio, hemos luchado y dado la vida para defender la Pachamama, nosotros no creemos en el desarrollo que contamina, extermina, destruye y vende. La vida se sostiene con la vida (…)A nuestros hermanos mineros les recordamos que en las entrañas de nuestra pacha, en las entrañas del cerro Rico de Potosí hemos muerto millones de nosotros, les recordamos que tras el saqueo sólo se deja muerte, desolación, pobreza (…)”.

Efectivamente la minería de cooperativas respaldada por el gobierno de Evo Morales está matando. La contaminación de tierras y fuentes aguas son la denuncia permanente en las comunidades rurales, destinadas al hambre y la expulsión definitiva. Además, los últimos dos años estas mismas comunidades se han vuelto tierra de nadie: avasallamientos armados y con uso de explosivos de alta potencia, enfrentamientos entre pobladores y mineros con saldos de muertos y heridos, toma de rehenes y militarización de las comunidades indican que Bolivia vive su propio “far west”. En estos casos, hasta el momento no existen investigaciones concluyentes del gobierno ni sanciones.

Datos indican que en Bolivia hay registradas 1.700 empresas mineras de cooperativa y 1.100 se dedican a la explotación de oro. El 91% de estas empresas se encuentran en La Paz, indicó la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) al diario La Razón.

En Arcopongo, norte de La Paz, ya suman otros tres muertos en la “guerra” que se desató entre mineros cooperativistas y empresas unipersonales que pugnan por la explotación de la riqueza aurífera local, informó el diario La Razón. La Cooperativa Minera Aurífera Ullakaya Condorini es acusada de avasallar tierras para la explotación del oro en el río Chaquety, en el municipio Inquisivi. El informe oficial señaló que no había ninguna licencia otorgada por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para la extracción del metal.

También en La Paz la cooperativa Machacamarka Ltda. es acusada de haber ingresado por la fuerza a la comunidad Bancuni, en el municipio de Tacacoma, para controlar la explotación de oro, denunció el secretario de Conflictos de la comunidad, Teodocio Huayhua, al diario Página Siete. Al menos 26 personas resultaron heridas: “Nuestros compañeros fueron torturados y secuestrados por esta cooperativa que se adueñó de los yacimientos mineros auríferos de la zona”, indicó el dirigente a radio Fides. “Toda la comunidad está quemada. Queremos justicia. El contingente policial que está en el lugar se parcializó”, denunció el dirigente. Incluso se dinamitó la planta hidroeléctrica que genera energía para la población. En esta comunidad, indicó el dirigente, los pobladores operan la explotación hace 10 años y se autodenominan zona “agrominera”: viven de la explotación de oro y de las cosechas.

La comunidad Trinidad Pampa de El Choro, provincia Nor Yungas de La Paz, fue escenario el pasado 21 de junio de enfrentamientos entre comunarios del lugar y la Cooperativa Cruz del Sur: dos personas del lugar perdieron la vida por impactos de bala y tres fueron heridas. Los comunarios denunciaron que el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, es accionista de la Cooperativa minera.

Contaminación de aguas
Aunque las autoridades originarias denuncien, nadie los oye y no logran ningún compromiso del gobierno para realizar acciones contra la contaminación o el avasallamiento. No es de extrañar esta complicidad del gobierno con los mineros. Pobladores de la pequeña comunidad de Pucara del departamento de Potosí denunciaron que la ex responsable de la secretaría Departamental Madre Tierra de la Gobernación de esa región, Teresa Balderrama, fue destituida de su cargo por reportar la contaminación minera que provoca la cooperativa Huari Huari en esa población, informó la agencia de noticias Erbol.

La cooperativa Huari Huari está matando a la comunidad Pucara: la minera hecha aguas ácidas a los ríos y a sus tierras: “Cuando estaba trabajando Consur (otra empresa) todavía cumplía con sus planes de mitigar, por lo menos las aguas ácidas hacía bombear a un ingenio, pero cuando se hace cargo la cooperativa Huari Huari, la cooperativa no cumplió nada”, señaló el dirigente de la comunidad de Pucara, Melquiades Flores, y añadió que la cooperativa minera presionó para que el gobernador Félix González aleje a la funcionaria ambiental.

Según el reporte de Erbol, al menos 40 hectáreas de tierras, que se encuentran al borde de un río, son seriamente afectadas por la actividad extractiva. “Estas aguas de la cooperativa Huari Huari baja río abajo, entonces de esa manera nosotros como comunidad Pucara estamos totalmente afectados”, reclamó Flores.

Hace tres años que cooperativistas mineros contaminan el arroyo Agua Dulce que dota de agua potable a las comunidades de Guanay, al norte de La Paz. La explotación aurífera en el municipio de Guanay dejó sin acceso a agua a la comunidad Las Palmas y la estancia Villa Florida, en las riveras del río Kaka, Teoponte, denunció Claudio Cadena, vecino de la zona, a Erbol. La contaminación del agua ha provocado que el ganado y los peces enfermen o mueran; provocó la erosión de los terrenos, impidiendo la producción agrícola y deteriorando caminos vecinales. “Ellos (cooperativistas mineros) tienen derecho al trabajo, pero deberían tomar en cuenta que todos tenemos derecho a acceder al agua potable y que lo que producimos en materia agropecuaria y de productos agrícolas no sufra consecuencias”, se lamentaba el comunario: “Nos preocupa de sobremanera, quisiéramos que se hiciera algo y nos permitan mejorar las condiciones de vida. Hay familias perjudicadas”.

Noemy Cuisara de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra resume todas las concecuencias que viven las comunidades que resisten a la explotación minera en Bolivia: “La contaminación de nuestros ríos, la desaparición de nuestras fuentes de agua, la contaminación del suelo por metales pesados, respirar la copajira (residuos tóxicos de los minerales y su mezcla con químicos), la muerte de nuestros ganados, la pérdida de nuestra producción agrícola y ganadera, las enfermedades a las que estamos expuestas las mujeres que vivimos cerca de actividades mineras se ha vuelto una lucha permanente por proteger a nuestra familia y nuestra vida de los impactos ambientales de la minería”, señaló al diario La Patria.

Acciones de resistencia
Dirigentes de los municipios potosinos de Vitichi, Cotagaita, Puna, Caiza y Chaquí anunciaron para esta semana el bloqueo de la carretera Potosí-Tarija y el tramo internacional Potosí-Villazón-Argentina, como medida de protesta en contra de la contaminación minera que agobia a toda la región potosina. Mientras la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) anuncia una marcha nacional de mujeres contra la Ley Minera: “nosotras hemos hecho seguimiento desde el inicio a la Ley Minera (que) burla toda propuesta que hemos hecho como mujeres y también a nivel nacional, por tal motivo es que nosotras pedimos la abrogación de esa Ley porque atenta contra los derechos de los pueblos indígenas y no hay nada con lo que podamos beneficiarnos y más bien todo es en contra, todo es a favor de los mineros”, declaró a Erbol.

Es un reporte para Territorios en Resistencia por: Marielle Cauthin, periodista

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